La República Dominicana se acerca a una importante transformación de su sector inmobiliario mediante una propuesta legislativa que busca regular formalmente a los agentes inmobiliarios, agencias, desarrolladores y las prácticas publicitarias en todo el país.

Durante años, el dinámico mercado inmobiliario dominicano ha operado sin un sistema nacional integral de licencias para los profesionales del sector. Si bien la industria ha experimentado un sólido crecimiento impulsado por el turismo, la inversión extranjera y el desarrollo residencial, la falta de regulación también ha generado preocupaciones relacionadas con la transparencia, la protección del consumidor y la responsabilidad profesional.

Hoy, esa situación podría estar cerca de cambiar.

Un mercado en crecimiento que busca estándares más elevados

La República Dominicana se ha convertido en uno de los destinos inmobiliarios más activos del Caribe, atrayendo inversionistas a mercados como Punta Cana, Santo Domingo, Las Terrenas, Puerto Plata y Cap Cana.

A medida que la industria continúa expandiéndose, también han aumentado las preocupaciones sobre:

• Actividades de corretaje inmobiliario sin licencia.
• Publicidad engañosa de proyectos inmobiliarios.
• Publicación no autorizada de propiedades.
• Falta de estándares profesionales.
• Fraudes y disputas en las transacciones.

Actualmente, prácticamente cualquier persona puede actuar como intermediario inmobiliario sin una certificación formal ni supervisión gubernamental. Los líderes del sector han sostenido durante años que esta situación genera riesgos innecesarios tanto para consumidores como para inversionistas.

La propuesta de ley

En abril de 2026, el Senado de la República Dominicana aprobó en primera lectura un proyecto de ley destinado a regular la intermediación inmobiliaria y las prácticas de publicidad engañosa en el sector.

La propuesta busca:

• Establecer la obligatoriedad de licencias para los profesionales inmobiliarios.
• Fortalecer la protección de consumidores e inversionistas.
• Regular la publicidad inmobiliaria.
• Mejorar la transparencia en las transacciones de bienes raíces.
• Crear estándares éticos y operativos más claros.

La supervisión estaría a cargo del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), que tendría la responsabilidad de gestionar el registro, licenciamiento y cumplimiento normativo dentro del sector.

Impacto en la industria

De ser aprobada, esta legislación representaría un paso significativo hacia la profesionalización del mercado inmobiliario dominicano.

Muchas organizaciones del sector y empresas establecidas respaldan la iniciativa, al considerar que contribuiría a:

• Incrementar la confianza de los inversionistas.
• Reducir el fraude y las prácticas informales.
• Mejorar la reputación internacional del país.
• Generar una mayor estabilidad del mercado a largo plazo.

Para inversionistas y desarrolladores internacionales, la ley podría proporcionar un entorno de negocios más transparente y predecible, al tiempo que elevaría los estándares operativos en toda la industria.

Estado actual

Aunque el proyecto de ley ha avanzado en el Senado, todavía no se ha convertido en ley. Aún quedan pendientes nuevas discusiones y aprobaciones dentro del proceso legislativo.

No obstante, la propuesta refleja un creciente impulso hacia un mercado inmobiliario más regulado, transparente e institucionalizado en la República Dominicana, una medida que muchos consideran cada vez más necesaria a medida que el sector continúa expandiéndose.